En la Gobernación de Boyacá y municipios de la región se estaría presentando el delito de concusión
Foto: Gobernación de Boyacá
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Muchos servidores públicos tienen que hacer contribuciones involuntarias, so pena de quedar mal con los jefes y recibir tratos discriminatorios.
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Recientemente la Procuraduría inhabilitó por 14 años a funcionarios de la administración de Daniel Quintero, por presunta coacción a servidores públicos, para que hicieran contribuciones de determinadas sumas de dinero para financiar lo que sería la campaña presidencial del exalcalde de Medellín.
Los cargos quedaron evidenciados en documentos que los denunciantes aportaron a la investigación, donde se les pedían sumas que iban desde 50.000 pesos hasta varios millones, de acuerdo sus ingresos.
La situación no parece ser ajena en Boyacá y sus 123 municipios, cuando, a cada rato, a contratistas y funcionarios de planta de la Gobernación y las Alcaldías les están pidiendo (no por escrito con sucedió en la capital antioqueña), pero sí a través de mensajes cifrados, sumas similares para compra de kits escolares o la celebración del Día del Niño, el Día Comunal, entre muchas otras 'colaboraciones'.
Los hechos que deberían ser investigados por la Procuraduría, las personerías y las oficinas de control interno disciplinario, vienen siendo denunciados, especialmente, por contratistas, a quienes además de no recibir pago de primas, cesantías, horas extras, dominicales y festivos, les toca pagar salud, riesgos laborales y, además, hacer este tipo de contribuciones involuntarias, so pena ser chantajeados con la terminación o no renovación del correspondiente Contrato de Prestación de Servicios (CPS), que en la mayoría de las veces es por 4 y 8 meses.
Esta práctica nefasta, que se lleva a cabo de manera velada, pero que configura el delito de concusión por dar y recibir tiene con los pelos de punta a los afectados tanto de nómina como de CPS, porque en la mayoría de las veces esas 'ayudas' se convierten en sumas millonarias, que los ordenadores del gasto deberían presupuestar del erario público, para no comprar indulgencias con Ave Marías Ajenas, como dicen las personas mayores, sin que los benefactores queden siquiera en la foto show mediática de sus ‘generosos’ jefes.
Fuente: BR Prensa
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